Un profesor fue expedientado tras negarse a aprobar a alumnos que habían suspendido el examen

La Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde 2.900 alumnos se forman como futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido escenario de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones. Al menos, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ávila cree que hay indicios suficientes de ello. Por eso, con el visto bueno del fiscal, ha admitido a trámite la querella interpuesta por un profesor del centro que denuncia la falsificación de las notas para aprobar a estudiantes que estaban suspendidos. Y ha citado, como querellados, al comisario jefe de estudios y al inspector jefe responsable del departamento de ciencias jurídicas del centro.

Según la querella, el 10 julio pasado, tras el segundo examen parcial de la XXXV promoción de la Escala Básica de Policía, el jefe de departamento se acercó a varios profesores y, alegando las circunstancias excepcionales del curso (las clases presenciales se suspendieron el 12 de marzo y pasaron a telemáticas debido a la pandemia), les dijo que a los alumnos que sacaran más de un 4 había que grabarles un 5 en la plataforma informática de notas. “Decidlo vosotros por ahí a los demás profesores para que se enteren”, añadió.

El querellante, con seis años de antigüedad en la escuela, le respondió que su obligación era grabar la nota que adjudicara la máquina lectora óptica tras revisar el examen, tipo test. “Yo no voy a poner una nota que no corresponda”, concluyó. A los profesores no les hizo ninguna gracia que les encargaran transmitir a sus compañeros tan insólita instrucción, en vez de hacerlo la propia dirección del centro.

El inspector redactó un informe sobre el incidente, pese a que una compañera le advirtió de que “tuviera cuidado”, pues su jefe había comentado que daría parte de él por desobedecer una orden, según la querella. En su informe, hizo constar que modificar las notas de los alumnos, igualando a los que sacaran un 4 con los que tuvieran un 5, determinaría su posición en el escalafón, lo que afectaría a toda su carrera profesional. Y añadió que su deber era “grabar la nota que realmente obtiene el alumno, a no ser que reciba una orden clara y manifiesta en sentido contrario por el jefe del Departamento, en cuyo caso cumpliría la misma”. Aunque recibió múltiples llamadas para que cambiara las notas (muchas conversaciones están grabadas y han sido aportadas al juez), nunca recibió una orden por escrito.

El 17 de julio, el director de la escuela se reunió con los profesores y les pidió flexibilidad en las calificaciones. “Si un tío saca un 4,5 o un 4 en una asignatura, a lo mejor hay que valorar si es un tío implicado. […]Lo que no hacemos, y a lo mejor tendríamos que hacer, es al que sea un gañán y saque un 8 ponerle un cero”, afirmó. “Dicho esto, aquí a nadie se le va a imponer nada, […] yo podría ordenarlo, porque tengo facultad para hacerlo, y no lo voy a hacer. Porque esto, no nos equivoquemos, no es la Universidad, esto es una dependencia policial y nosotros, miraros el uniforme, somos policías. El que quiera libertad de cátedra que se vaya a la Universidad”, agregó el máximo responsable de la escuela y comisario principal. Preguntado si se debía seguir la guía docente, según la cual la nota era el resultado del test, contestó: “¿Vamos a dejar la nota ceñida estrictamente a lo que diga un examen que, a lo mejor, ha tenido un mal día? Yo creo que tenemos que tener unas miras un poco más amplias”. Lo que sí dejó claro es que si algún alumno de los beneficiados con el aumento de nota se quejaba, se le degradaría a la calificación original.

El 31 de julio, el profesor grabó las notas, en las que cinco alumnos tenían entre un 4 y un 5 de calificación. A la semana siguiente, cuando los estudiantes realizaron el examen de recuperación, se dio cuenta de que los que él había suspendido no estaban en la lista, lo que significaba que nadie les había avisado de que debían hacerlo.

Al revisar las notas en la plataforma informática, comprobó que esos cinco alumnos figuraban como aprobados, aunque él había grabado la calificación de suspensos. Mientras verificaba las notas de los demás y aunque faltaba media hora para que concluyera el plazo para validarlas, desaparecieron de su pantalla. Acudió al jefe del departamento para informarle del problema, pero este le restó importancia: “No te preocupes ya del tema, está solucionado”. El último día de curso, en contra de lo habitual, los profesores se fueron de vacaciones sin haber firmado las actas de las calificaciones.

Ya en septiembre, de vuelta a la Escuela, el jefe del departamento le insistió en que debía haber validado las notas, pues era el único que lo dejó para última hora y eso había retrasado todo el proceso. Cuando el profesor le preguntó quién había modificado sus calificaciones, le contestó: “Supongo que darían la orden. Ten en cuenta que estamos en una organización, que hay unos intereses por encima de los de cada uno”.

En la última Junta de Evaluación del curso, el director de la Escuela agradeció a todos los profesores, “o prácticamente a todos”, que hubieran entendido la decisión de aprobar automáticamente a los que tuvieran más de un 4. “Ha sido una decisión al más alto nivel que os podáis imaginar”, aseguró.

El 1 de octubre, se abrió un expediente disciplinario al profesor porque se habría negado supuestamente a grabar las notas de sus alumnos “aduciendo argumentos inconsistentes”. Según el expediente, la grabación de las calificaciones “la tuvo que llevar a cabo el jefe del departamento, para evitar perjuicios a los alumnos”. Ni una palabra de los falsos aprobados.

En la querella se asegura que no es la primera vez que se modifican las notas en la Escuela Nacional de Policía y se cita el caso de la hija de un alto cargo de la división de personal del cuerpo que supuestamente habría recibido un trato de favor. El abogado del profesor, Antonio Suárez-Valdés, asegura que estas prácticas “vulneran los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública” y pide que se aclaren las relaciones de la jefatura de la escuela con los alumnos indebidamente aprobados, “cuando estaban realmente suspendidos”.

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