Preparan una reclamación patrimonial al estado en la que pedirán que los promotores de la consulta ilegal se hagan cargo.
Más de 30 guardias civiles obligados por el Ministerio del Interior a ampliar su estancia en Cataluña un mes más para ‘cubrir’ la crisis provocada por el Govern en torno al referédum independentista demandarán al estado con el fin de ver restituidos los perjuicios que les ocasiona la decisión. La treintena de funcionarios, dirigidos por el abogado Antonio Suárez Valdés, interpondrán una reclamación patrimonial para recibir en su cuenta corriente los gastos derivados de este retraso en el cambio de destino.
Todos ellos, según explica el letrado, habían sido designados en diferentes zonas de España y tenían previsto mudarse a sus nuevas plazas a partir del pasado 11 de septiembre hasta que un comunicado enviado la semana pasada por la Dirección General de la Guardia Civil les informó de que debían alargar su estancia un mes más. Los funcionarios y sus familias ya habían resuelto contratos de alquiler de vivienda, habían firmado la entrada en sus nuevos pisos, tenían a los hijos a punto de estrenar colegio e incluso habían cerrado fecha con la empresa de mudanzas si no la tenían ya hecha.
El dinero que los guardias civiles han perdido por estos efectos colaterales, según entienden los demandantes, debería ser abonado por los promotores de la consulta popular, dado que son ellos los que han provocado la medida extraordinaria decidida por el Ministerio del Interior de alargar la estancia de los funcionarios en Cataluña, una comunidad autónoma que viene siendo de paso para los miembros del instituto armado desde hace años, dado que la mayoría de ellos acepta estar allí el tiempo mínimo necesario e inmediatamente solicita viajar a otra región del país.
La iniciativa del Gobierno de retrasar el traslado de los funcionarios fue dada a conocer el pasado miércoles por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que denunció que Interior que la Dirección General de la Guardia Civil comunicó la decisión a los afectados mediante un correo electrónico aquella misma mañana, tan solo cinco días antes de que entraran en vigor los cambios de destino, que tenían que haberse producido el 11 de septiembre. Según explicó la asociación, Interior aprobó una comisión de servicio extraordinaria que no conllevará indemnización alguna para dar cobertura legal a la prolongación de la estancia de los guardias en Cataluña.
AUGC aseguró que la medida impuesta por el Ministerio, que afecta a un total de 200 miembros del instituto armado, fue tomada con “absoluto desprecio” hacia los agentes y “sus familias”, además de con “una absoluta y radical falta de previsión que afecta a derechos fundamentales y profesionales de todos los que se encuentran en esa situación”. “¿Tan poco importa la vida personal de los agentes?”, se preguntaron desde AUGC.
Pero los guardias civiles no son los únicos que han sido requeridos para permanecer en Cataluña en situación de espera por sin son necesarios para intervenir. Interior también ha movilizado a los antidisturbios de la Policía Nacional con el fin de proteger edificios del estado en la comunidad autónoma y por si son requeridos para apaciguar altercados callejeros en el caso de que éstos se produjeran.
Por el momento, la Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil, a la Policía y a los Mossos que intervengan urnas, papeletas y cualesquiera otros efectos destinados a organizar el referéndum al entender el ministerio público que se trata de una consulta manifiestamente ilegal y prohibida por el Tribunal Constitucional.